Si se lleva el reclamo territorial de la comunidad mapuche Campo Maripe a la dimensión exclusiva de los números, puede ejemplificarse que las 11.000 hectáreas que piden son el equivalente a casi toda la extensión de la ciudad de Neuquén capital. Y pese a que la provincia decretó el caso como cerrado, todo hace suponer que la disputa en la superficie de Vaca Muerta, a 3.000 metros de su riqueza, no se detendrá en lo inmediato.

Un importante gerente de una de las compañías que opera en la Cuenca Neuquina dijo que este conflicto los tiene "preocupados", aunque reconoció que para la industria tampoco es el problema Nº1. Incluso describió el escenario de protestas, con focos de conflictos dispersos, como una suerte de "guerra de guerrillas".

El gobierno sabe que los reclamos territoriales pueden complicar en extremo el desarrollo petrolero, motor de la economía provincial. Por eso reclutaron a Jorge Lara, un operador curtido, para que trabaje en la fricción de las negociaciones con las comunidades. Incluso fue Lara quien tomó el expediente de los Campo Maripe desde que se intensificaron los conflictos en Añelo.

La familia Campo Maripe, con el respaldo político de la zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche, comenzó a denunciar en el 2013 intromisiones en lo que declaran como su territorio: 11.000 hectáreas al oeste de la localidad de Añelo, que se extienden desde el río Neuquén hasta Aguada Pichana. Aseguran que con el desembarco de YPF –en asociación Chevron– en Loma Campana, en lo que es el primer yacimiento shale afuera de América del Norte, se agudizaron los "abusos" de parte de la petrolera con el uso de caminos, el movimiento de suelo y un exponencial tránsito por la zona.

Sin embargo –aseguran– uno de los principales reclamos tiene que ver el cumplimiento de la consulta previa (convenio 169 de la OIT). Desde la comunidad exigen conocer los planes de desarrollo de la petrolera, cómo y dónde se va a perforar, y tener la posibilidad de objetar algún movimiento cuando pueda afectar sus actividades.

Pese al resultado negativo que sostiene el gobierno sobre el relevamiento, parece repetirse un ciclo de objeciones y negociación. Inicialmente se resistió el reconocimiento de la familia Campo Maripe como comunidad, pero luego no sólo se le entregó la personería sino que además se le reservaron 63,8 hectáreas. Un vocero del gobierno consultado por "Río Negro Energía" diferenció políticamente el reconocimiento jurídico del relevamiento y reconocimiento de tierras. Para lo primero alcanza la autodeterminación de la familia, explicó la fuente consultada.

El reconocimiento del territorio es más complejo y en el caso de los Campo Maripe no se realizó bajo los parámetros de la ley 26160 del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. Sin embargo los guiños a la comunidad no se agotaron con las 63,8 reservadas a su favor. Después con una inversión conjunta con YPF –10 millones de pesos– se construyó un canal de riego que permite un desarrollo agrícola intensivo en el lugar. Incluso en las últimas negociaciones se ofrecieron otras 630 hectáreas –linderas a las primeras– si aceptaban llevar adelante un proyecto rural.

LA OFERTA

Pero al parecer eso sería todo el paquete que el gobierno pone en la mesa para negociar la continuidad de la "paz social", porque aseguran que tras el relevamiento no hay ningún dato objetivo que demuestre ocupación en la zona de meseta, donde se encuentra el punto caliente de Loma Campana.

Jorge Nahuel, representante de la Confederación, insiste en que los Campo Maripe sufrieron la expulsión de sus tierras en distintos momentos históricos. Cita el informe antropológico-histórico –realizado por dos profesionales convocadas por la comunidad– que acompaña el relevamiento y dice que está probada la presencia de la familia cada década desde 1927. Asegura además que antes y actualmente la zona de meseta fue utilizada para el pastoreo de animales y que desde Pedro Campo –el abuelo de Albino, actual lonco– hubo ocupación de las tierras.

El relevamiento catastral dice otra cosa. Según los archivos del gobierno la familia Campo Maripe nunca pudo asentarse con papeles y, cuando consiguió un permiso para un puesto, fue en una zona más al norte de la reclamada. Si bien reconoce su presencia en la zona del valle –donde actualmente están asentados– y de una de las integrantes de la comunidad en la meseta, asegura que no hay elementos para concluir que hubo ocupación. El gobernador Jorge Sapag fue tajante al respecto: "No hay derecho ancestral".

Ahora la comunidad, alejada de las protestas que llevaron a tomar equipos en perforación, insiste en mantener el diálogo. Desde la Confederación no desconocen que se trata de una zona en conflicto, pero aseguran que no sólo hay intereses de la comunidad Campo Maripe sino que también intervienen privados, empresas de la industria petrolera y hasta el municipio de Añelo. La solución, con las posiciones enfrentadas, parece difícil. Alguna vez se propuso la creación de un consejo mixto que resuelva en estos diferendos, pero la idea nunca prosperó.