La medida judicial solicitada por el Ministerio Público Fiscal fue dictada el 25 de junio pasado y revelada hoy, en el marco de la causa penal iniciada por el gobierno argentino por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental de nuestro país.

La magistrada fueguina dispuso también, como medida de no innovar, el “cese inmediato de la comisión del delito�, que para el caso implica la interrupción de las actividades que llevan en la zona, las cinco compañías denunciadas de forma directa, y otras cuatro que le prestan distintos servicios. La orden judicial establece que tanto para el secuestro, como para los embargos y el cese del delito se deberán librar exhortos diplomáticos a través de la Cancillería argentina.

La denuncia que primero realizaron los ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y de Planificación Federal, Julio De Vido, y que luego motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal de la Nación, involucra -en principio- a las compañías Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.

El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella y el fiscal general coordinador de distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Adrián García Lois, les imputaron a las empresas, el pasado 21 de abril, la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas".

El fundamento de los fiscales es que las operaciones se realizan sin “autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina". Por su parte el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, junto con la titular de la -recientemente creada- Unidad de Recupero de Activos (URA) de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena, precisaron el 1 de junio los pedidos de medidas cautelares patrimoniales para “asegurar y decomisar los activos ilícitos involucrados�.

La URA logró identificar los activos de las compañías en el exterior y descubrió que una de las firmas imputadas, la estadounidense Noble Energy, registra una sucursal local en la Argentina, por lo que también impulsaron el embargo de sus bienes. La fiscalía y la URA solicitaron el secuestro y embargo preventivo de tres buques dedicados a tareas de relevamiento de datos estratégicos en el Atlántico Sur: el PGS M/V “Ramform Sterling�, PGS “Ramform Titan� y el “Falcon Explorer�, además del “MV Poseidon�, afectado a estudios geoquímicos y de base de líneas ambientales.

La medida abarca, también, a la plataforma semisumergible “Eirik Raude� utilizada para hacer perforaciones en el lecho submarino, y al dique flotante “Noble frontier�, afectado a un programa de perforación petrolera en la zona, señala el escrito judicial al que accedió hoy Télam. La jueza Herráez ordenó la “interdicción de navegar� de todos los barcos, con el argumento de que “no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Buques�, y explicó que la restricción “impide la salida (de los buques) de los puertos donde se encuentren�.

La magistrada también dio por demostrado, en esta instancia de la causa, que con motivo del anuncio de hallazgo de petróleo y gas en las Islas Malvinas, realizado por la empresa FOGL el 2 de abril pasado, se obtuvo una “ganancia ilícita�. Herraez tuvo en cuenta que el día del anuncio, el valor de las acciones de la firma en el Mercado Alternativo Bursátil de Londres (AIM) aumentó más del 34%, y el volumen de transacciones negociadas más de 400%, alcanzando los mayores valores históricos de los últimos años.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron el embargo preventivo de esas ganancias, para lo que identificaron cuentas bancarias de FOGL en el extranjero, aunque la jueza requirió que para cumplimentar esa medida se precise el monto del embargo “comparando el valor de las acciones en los plazos denunciados�. Incluso para la concreción de los embargos a las compañías, la orden judicial dispone también que la Fiscalía “individualice los bienes o activos sobre los cuales concretamente pesará la medida cautelar�.